En el fútbol, un árbitro que favorece a un equipo incendia un estadio y abre telediarios; existe el VAR para corregirlo. En la justicia española no hay VAR: cuando un juez inclina el terreno de juego, quien debe revisarlo suele ser otro juez que puede responder que «no existe el derecho al acierto». Y el partido sigue como si nada.
La lentitud como coartada
El debate público sobre la justicia se centra casi siempre en su lentitud: retrasos, falta de medios, juzgados colapsados. Son problemas reales, pero sirven también de cortina de humo. Hablar del ritmo del partido permite no hablar de algo más grave: la parcialidad del árbitro y la impunidad con la que puede actuar.
Un error judicial es humano, y para eso existen los recursos. Lo inaceptable es otra cosa: decisiones que, según denuncian quienes las sufren, no se explican por el error sino por la voluntad de favorecer a una parte, y que nadie revisa porque el revisor pertenece al mismo cuerpo. Imagine el lector a un árbitro que, además de pitar a favor de un equipo, pusiera la zancadilla a los jugadores del otro.
Las zancadillas del árbitro
¿Cómo calificaría las siguientes prácticas, todas ellas denunciadas ante nuestra asociación por ciudadanos que afirman haberlas padecido en juzgados y tribunales españoles?
- Sobreseer o inadmitir un procedimiento invocando un informe fiscal que no se notifica junto con la resolución.
- Ocultar un informe fiscal cuando su contenido no conviene a la decisión adoptada.
- Basar una resolución en un informe fiscal anónimo o sin sello de entrada, cuya autenticidad se cuestiona.
- Entregar a una parte una grabación vacía de la vista y, mientras se pide que se subsane el error, dar por vencido el plazo para recurrir.
- Saltarse las normas de reparto para concentrar en un único juzgado todos los procedimientos relacionados.
- Cuando el reparto no conviene, inadmitir o redirigir el asunto para que acabe en el juzgado deseado.
Si un árbitro hiciera algo equivalente —esconder el reglamento, borrar la repetición de la jugada o elegir a dedo quién pita cada partido—, nadie dudaría en hablar de corrupción deportiva. Nuestra asociación está en condiciones de acreditar documentalmente los casos que denuncia.
Igualdad de armas: un principio en papel mojado
El derecho a un proceso con todas las garantías, reconocido en el artículo 24 de la Constitución y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, exige igualdad de armas: que cada parte pueda defender su posición en condiciones que no la sitúen en desventaja frente a la contraria. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley impide, además, escoger a dedo al juzgador. Cuando las reglas de reparto se manipulan o las pruebas desaparecen del expediente, ambas garantías quedan vacías.
La respuesta habitual cuando se denuncian estas conductas ante los tribunales superiores es que «no existe el derecho al acierto». Es cierto que nadie tiene derecho a que un juez le dé la razón. Pero sí existe el derecho a que no se le hagan trampas. Confundir ambas cosas es la forma más elegante de no investigar.
El problema no es que el árbitro se equivoque; es que pueda poner la zancadilla y que nadie revise la jugada.
Un VAR para la justicia
España necesita mecanismos que permitan revisar no solo el acierto de las resoluciones, sino la limpieza del proceso. Proponemos:
- Registro y trazabilidad obligatorios de todos los informes y documentos incorporados a un procedimiento, con acceso inmediato para las partes.
- Auditorías públicas y periódicas del cumplimiento de las normas de reparto de asuntos.
- Que las querellas por prevaricación judicial sean examinadas por órganos con garantías reforzadas de imparcialidad y obligados a responder a cada hecho denunciado.
- Que los plazos de recurso no empiecen a correr hasta que la parte disponga de la grabación íntegra de la vista.
La confianza en la justicia no se decreta: se gana con reglas claras y con árbitros que las respeten. Si has sufrido alguna de estas prácticas, documenta lo ocurrido y únete a quienes exigimos juego limpio en los tribunales.