Para el ciudadano europeo que lo ha perdido todo en los tribunales de su país, Estrasburgo es la última puerta. Pero ¿qué ocurre cuando esa puerta se cierra siempre del mismo modo, con la misma fórmula y de la mano del mismo juez? Tres demandas, tres inadmisiones sin motivación y una pregunta incómoda: ¿quién garantiza la imparcialidad del garante de los derechos humanos?
La última oportunidad de justicia
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es, para los ciudadanos de los Estados del Consejo de Europa, la última oportunidad de obtener justicia cuando las instancias nacionales han fallado. Una sentencia estimatoria en Estrasburgo pone en una situación comprometida a la justicia nacional, porque declara ante toda Europa que un Estado ha vulnerado derechos fundamentales. En España, además, una condena del TEDH puede abrir la vía del recurso de revisión ante el Tribunal Supremo.
El propio Convenio Europeo de Derechos Humanos consagra en su artículo 6 el derecho a un proceso equitativo ante un tribunal independiente e imparcial. Es lógico esperar que el tribunal encargado de velar por ese derecho sea el primero en respetarlo.
Tres intentos, un mismo juez
Nuestra experiencia ha sido desconcertante. Hemos acudido al TEDH en tres ocasiones y, paradójicamente, las tres demandas recayeron en la misma formación de juez único, representada por la misma persona. Las tres terminaron igual: inadmitidas mediante una decisión estandarizada, sin una argumentación que permita saber por qué.
El artículo 27 del Convenio permite que un juez único declare inadmisible o archive una demanda cuando pueda hacerse sin examen complementario, y esa decisión es definitiva. Se trata de un mecanismo pensado para aligerar la enorme carga de trabajo del Tribunal. Pero cuando se combina con la ausencia de motivación y con la reiteración del mismo juez, el resultado es difícil de conciliar con la apariencia de imparcialidad que el propio Tribunal exige a los Estados.
El formalismo como barrera
A esta falta de motivación se añade un formalismo que choca con la realidad del siglo XXI. En uno de nuestros casos, la demanda fue devuelta porque la firma del demandante, que debía entregarse en papel, no era original sino una copia. El Reglamento del Tribunal exige firmas originales en el formulario de demanda y en el poder del representante. En una Europa que ha generalizado la firma electrónica en sus administraciones y tribunales, resulta llamativo que el acceso a la última instancia de protección de los derechos humanos siga dependiendo del correo postal y de la tinta.
- Decisiones de inadmisión sin motivación individualizada.
- Asignación reiterada de un mismo juez único a demandas del mismo demandante.
- Exigencias formales que penalizan al ciudadano sin recursos ni asesoramiento especializado.
Lo que la justicia europea sí ha visto
No todo es desalentador. Las instituciones europeas han demostrado en ocasiones que pueden ver lo que los jueces nacionales no aprecian. Un ejemplo: la Comisión Europea concluyó que las ayudas concedidas para la digitalización y extensión de la red de televisión terrestre en zonas remotas de España eran contrarias a las normas sobre ayudas de Estado, y confirmó que debían recuperarse de determinados operadores privados. Ventajas económicas que, sorprendentemente, no habían merecido reproche en los tribunales españoles.
Un tribunal de derechos humanos que no explica sus decisiones pide al ciudadano una fe que la justicia nunca debería necesitar.
Reformas necesarias
Defendemos el sistema del Convenio, precisamente por eso reclamamos que se refuerce:
- Motivación sucinta pero individualizada de todas las decisiones de inadmisión.
- Reparto aleatorio y verificable de las demandas, evitando que un mismo juez único resuelva sistemáticamente los asuntos de un mismo demandante.
- Presentación electrónica plena de demandas con firma digital reconocida.
La credibilidad de Estrasburgo es patrimonio de todos los europeos. Exigir que sea ejemplar no es atacarla, sino protegerla. Si usted ha vivido una experiencia similar, compártala: solo la presión ciudadana organizada logrará que la última instancia sea también la más justa.