Hace más de dos mil años, Aristóteles ya advertía del peligro de un poder que no se somete a las leyes ni rinde cuentas. España, cuya Constitución proclama la igualdad de todos, mantiene sin embargo un ejército de privilegiados que no responden ante la justicia como el resto. Pedir cuentas al poder es la mejor vacuna contra su corrupción.
La Constitución como límite del poder
La Constitución de 1978 es el centro de nuestro sistema político y de todo el ordenamiento jurídico. Su razón de ser es doble: organizar el poder y, sobre todo, limitarlo. Los derechos individuales y las garantías constitucionales constituyen el núcleo de un Estado constitucional; son un espacio de libertad en el que el Estado no puede entrar y, al mismo tiempo, un escudo frente al abuso de quienes lo dirigen.
Esa es la razón de ser de nuestra asociación: denunciar y divulgar las vulneraciones y los usos indebidos de la ley suprema. Y, entre todas ellas, la más grave es la de los privilegios que los ciudadanos con más poder del país se han reservado desde hace décadas.
El poder como dirección, no como dominio
El poder político es un elemento esencial del Estado, una creación humana pensada para el bienestar común. No debemos identificarlo con la maldad, la explotación o la simple dominación. Bien entendido, el poder es dirección: quienes ejercen la autoridad del Estado tienen el deber de conducir a la sociedad hacia la cohesión, el equilibrio y el bien común.
Pero un poder sin control ni responsabilidad —y eso es lo que otorgan los aforamientos— degenera inevitablemente. La filosofía política clásica ya identificó sus principales patologías:
- Mal gobierno: el interés particular de quien manda sustituye al bien común.
- Exceso y abuso de poder: autoritarismo, despotismo o tiranía, que se traducen en restricción de libertades y vulneración de derechos en beneficio de unos pocos.
- Autocracia: el poder no admite control alguno y se sitúa por encima de toda responsabilidad.
- Autoritarismo: el poder tolera a la sociedad civil solo mientras esta no amenace su posición.
Un poder que no rinde cuentas no es autoridad: es privilegio, y el privilegio es la antesala de la corrupción.
Los aforamientos, una anomalía en los tres poderes
El régimen de aforamientos alcanza en España a cargos de los tres poderes del Estado: parlamentarios del legislativo, miembros del Gobierno y altos cargos del ejecutivo, y jueces y fiscales del poder judicial. Según diversas estimaciones, el número de aforados en nuestro país ronda los 240.000 si se incluyen los cuerpos con fuero especial, una cifra sin parangón en las democracias de nuestro entorno.
Su justificación oficial es proteger la independencia de las instituciones. Su efecto práctico, en cambio, es crear una categoría de ciudadanos que no son juzgados por el mismo juez que los demás, en abierta tensión con el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley sin discriminación por ninguna «condición o circunstancia personal o social».
Las grandes preguntas sin respuesta
Tras años de denuncias, seguimos esperando respuesta a tres preguntas sencillas:
- ¿Por qué se mantiene un sistema de aforamientos que choca con el artículo 14 de la Constitución?
- ¿Por qué ninguno de los alrededor de 5.400 jueces y magistrados con que contaba España en 2022 ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad que el artículo 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional les obliga a promover cuando dudan de la constitucionalidad de una ley aplicable?
- ¿Por qué casi nadie, salvo asociaciones ciudadanas como la nuestra, reclama abiertamente su supresión y el pleno restablecimiento de la igualdad ante la ley?
Resulta paradójico que las advertencias de la Grecia clásica, una sociedad dividida entre libres y esclavos, ciudadanos y no ciudadanos, sigan siendo aplicables a la España del siglo XXI. ¿No éramos todos iguales ante la ley?
Un llamamiento
La corrupción del poder no se combate solo con códigos penales, sino con controles efectivos, transparencia y una ciudadanía exigente. Hacemos un llamamiento a los periodistas, a los juristas y a todos los ciudadanos: investiguen, pregunten y no acepten el silencio como respuesta. Exijan a sus representantes la supresión de los privilegios procesales. Un Estado de Derecho digno de ese nombre solo existe cuando quien manda responde de sus actos como cualquier otro.