Desconfianza, desapego, indiferencia. Así se relaciona hoy buena parte de la ciudadanía con quienes deberían servirla. No es capricho ni apatía: es la respuesta lógica a años de opacidad, clientelismo, burocracia estéril y una justicia percibida como instrumento de parte. ¿Queda algún poder público plenamente honesto y sometido a la ley? Desde la experiencia ciudadana, la respuesta resulta inquietante.
Una amenaza silenciosa para la democracia
En las últimas décadas, la desafección hacia las instituciones se ha consolidado como una de las principales amenazas para la salud de las democracias. No es un fenómeno marginal ni pasajero. Organismos como la OCDE hablan abiertamente de una crisis de confianza, y las encuestas europeas reflejan año tras año que una parte considerable de los ciudadanos considera la corrupción un problema extendido en su país.
Cada vez más personas sienten que las decisiones políticas no responden a sus necesidades, que sus representantes no las representan y que la Administración es lenta, lejana o indiferente. Esa frustración se traduce en abstención, voto de castigo, desmovilización cívica y, en el peor de los casos, en una peligrosa tolerancia hacia soluciones autoritarias como respuesta desesperada al desencanto.
Causas profundas: los tres poderes bajo sospecha
La desafección no nace del vacío. Se alimenta de fallos concretos y reiterados en los tres poderes del Estado:
- Un poder legislativo encerrado en sí mismo: listas cerradas, disciplina de partido y debates que giran en torno a la supervivencia de las cúpulas, no a las urgencias sociales como el empleo, la vivienda o la sanidad.
- Un poder ejecutivo opaco y clientelar: escándalos de corrupción, colocación de afines en organismos públicos, uso partidista de las instituciones y una burocracia que agota al ciudadano con trámites interminables.
- Un poder judicial bajo sospecha: cada vez más ciudadanos perciben que la justicia no siempre actúa con imparcialidad, que existe connivencia con el poder político o económico, o que el aparato judicial se utiliza como herramienta de persecución o de encubrimiento según convenga.
- La judicialización interesada de la política: los conflictos que deberían resolverse en el Parlamento acaban en los tribunales, y los tribunales acaban convertidos en campo de batalla partidista.
A ello se suma una sensación de inacción ante las crisis sociales y económicas: el ciudadano ve que los problemas se diagnostican una y otra vez, pero rara vez se resuelven.
Consecuencias visibles
La desafección no solo erosiona la confianza; deteriora el funcionamiento del propio sistema democrático. Sus efectos ya son reconocibles:
- Polarización política y social creciente, y radicalización ideológica.
- Desmovilización del tejido asociativo y desinterés por la vida pública.
- Expansión de discursos populistas y negacionistas que prometen soluciones simples.
- Crisis de legitimidad del Estado de Derecho.
- Pérdida de vocaciones y de talento en el servicio público.
Un ciudadano que ya no espera nada de sus instituciones es el mejor aliado involuntario de quienes las corrompen.
No es una percepción: es una experiencia
Se suele presentar la desconfianza como un problema de comunicación, como si bastara con explicar mejor lo que se hace. Pero la desafección no nace de un malentendido, sino de la experiencia directa de miles de personas que han reclamado ante la Administración sin obtener respuesta, que han denunciado irregularidades y han visto archivadas sus denuncias, o que han acudido a los tribunales y han recibido resoluciones sin motivación real.
Nuestra asociación puede acreditarlo con casos concretos y vivencias propias. Por eso no aceptamos que la falta de confianza se trate como un defecto de los ciudadanos: es un síntoma de instituciones que han dejado de rendir cuentas.
¿Cómo recuperar la confianza?
Combatir la desafección exige mucho más que campañas institucionales. Requiere reformas profundas y sostenidas que coloquen al ciudadano en el centro de la acción pública:
- Transparencia real y rendición de cuentas efectiva, con consecuencias para quien incumple.
- Participación ciudadana vinculante en la toma de decisiones relevantes.
- Simplificación de los procedimientos administrativos.
- Órganos de control y tribunales verdaderamente independientes de los partidos.
- Revalorización de la función pública como servicio común, no como botín político.
La soberanía se ejerce cada día
La desafección no es un grito de capricho, sino una alerta democrática urgente. La sensación de que ningún poder actúa ya con plena sujeción a la ley no puede normalizarse. Mientras no se restaure la confianza con hechos, con justicia imparcial y con compromiso verdadero, la fractura entre instituciones y ciudadanía seguirá creciendo.
Pero la respuesta no es retirarse. La soberanía no se reafirma solo en las urnas, sino en la vigilancia cotidiana del poder: pedir cuentas, participar, asociarse y denunciar. Frente al desencanto, organización. Frente a la opacidad, exigencia.