Los griegos la llamaron isonomía: igualdad ante la ley. Nuestra Constitución la proclama en su artículo 14, pero la realidad la desmiente cada día. Aforamientos masivos, resoluciones contrarias a Derecho que nadie corrige y una judicatura que se juzga a sí misma han levantado una casta intocable. Si el ciudadano está sometido a la ley, ¿por qué no lo están quienes la aplican?
Una igualdad proclamada, no practicada
España se define como un Estado social y democrático de Derecho, y el artículo 14 de la Constitución declara que todos los españoles son iguales ante la ley. Sobre el papel, la isonomía es uno de los pilares del sistema. En la práctica, se ve erosionada de forma sistemática por dos fenómenos que se retroalimentan: el aforamiento y una cultura judicial corporativa que ha convertido a una parte de la judicatura en un estamento al margen del escrutinio.
Lejos de funcionar como garantía democrática, el diseño institucional vigente ha permitido durante más de cuatro décadas que resoluciones judiciales contrarias a Derecho queden impunes e inimpugnables, atropellando derechos de ciudadanos sin posibilidad de reparación efectiva.
Aforamientos: un privilegio medieval en democracia
España es uno de los países de su entorno con mayor número de aforados. Según estimaciones ampliamente difundidas, la cifra rondaría las 250.000 personas si se suman a los cargos políticos, jueces y fiscales los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que gozan de un fuero especial. En el caso de los jueces y magistrados, el aforamiento significa que, si son investigados por un delito, no los juzga un tribunal ordinario, sino tribunales superiores integrados por miembros de su misma carrera.
Ese diseño genera una desigualdad estructural. El ciudadano común no goza del mismo margen de comprensión, y los procesos contra jueces se denuncian con frecuencia como opacos, dilatados o archivados sin apenas investigación. Así se alimenta una impunidad selectiva que contradice frontalmente el principio de isonomía: cuando quien juzga al juez es su compañero, la sospecha de corporativismo es inevitable.
Resoluciones contra legem y la impotencia del ciudadano
Uno de los efectos más corrosivos de esta arquitectura es la falta de control efectivo sobre las resoluciones judiciales arbitrarias. Si un juez dicta una resolución claramente contraria a la ley, ya sea por ignorancia, negligencia o presunta mala fe, el afectado a menudo carece de herramientas reales para combatirla:
- Muchas resoluciones no admiten recurso, o este lo resuelven órganos que comparten el mismo espíritu corporativo.
- Las querellas por prevaricación judicial rara vez superan la fase de admisión.
- Los recursos de amparo se inadmiten en su inmensa mayoría.
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una vía útil, pero lejana, lenta y solo al alcance de quien puede resistir durante años.
El resultado es una doctrina de infalibilidad práctica que blinda al poder judicial frente a sus propios errores. Quien carece de medios económicos o de asesoramiento especializado queda, sencillamente, indefenso.
La deificación del juez
En este contexto ha arraigado un fenómeno profundamente antidemocrático: la deificación del juez. Se ha instalado la idea de que el juez, por su sola condición, está por encima del bien y del mal, como si ejerciera un sacerdocio y no una función pública sujeta a responsabilidad. Es una visión peligrosa. El juez no es infalible ni neutral por naturaleza, y su labor debe someterse al escrutinio institucional y ciudadano.
Donde el juez no responde ante nadie, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y pasa a ser súbdito de voluntades.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué ocurriría si quienes deben garantizar la legalidad eludieran sus propias obligaciones, por ejemplo fiscales? Si los guardianes del sistema pudieran acumular patrimonio en la sombra, ajenos a todo control, la idea misma de justicia quedaría vaciada. No sería solo una crisis institucional, sino una quiebra moral del Estado de Derecho. Por eso la transparencia patrimonial de los altos cargos judiciales no es un ataque a su independencia, sino una condición de su legitimidad.
Una refundación necesaria
España necesita una reforma profunda que devuelva a la isonomía su lugar como eje vertebrador de la justicia. Proponemos:
- Suprimir o reducir drásticamente los aforamientos, empezando por el judicial.
- Crear mecanismos eficaces de control y responsabilidad disciplinaria, civil y penal de jueces y magistrados, tramitados con transparencia.
- Establecer declaraciones de bienes públicas y verificables para los altos cargos judiciales.
- Abrir la justicia a una cultura democrática de rendición de cuentas.
La justicia no puede seguir siendo una fortaleza cerrada e inaccesible. Si el ciudadano común está sometido a la ley, los jueces también deben estarlo. Exigirlo no es atacar a la justicia, sino defenderla. Y esa exigencia, sostenida y organizada, es la única vía para recuperar la confianza en nuestras instituciones.