«El privilegio únicamente puede entenderse como honor y como servicio a los demás». Lo dijo el Jefe del Estado en abril de 2023, y es difícil no suscribirlo. Pero esas palabras chirrían en un país donde jueces y fiscales mantienen desde hace cuatro décadas un fuero procesal propio que contradice la igualdad ante la ley proclamada por la Constitución.
Un discurso que invita a la reflexión
El 19 de abril de 2023, en Ronda (Málaga), con motivo del 450 aniversario de su Real Maestranza de Caballería, el Rey se dirigió a las cinco Reales Maestranzas. Defendió un espíritu de renovación acorde con los principios constitucionales, con el mérito como referente y la búsqueda de la excelencia, y recordó que la ascendencia y la historia comportan, sobre todo, obligación y compromiso. Es un mensaje que cualquier demócrata puede compartir.
Precisamente por eso conviene aplicarlo más allá de las corporaciones nobiliarias. Si el privilegio solo se justifica como servicio, ¿qué decir de aquellos que no sirven a nadie salvo a quien los disfruta?
Los aforamientos: un privilegio sin servicio
Desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, jueces, magistrados y fiscales solo pueden ser investigados y juzgados por tribunales superiores integrados por sus propios compañeros de carrera. No se trata de un honor ni de un servicio a la sociedad: es una protección procesal frente a la justicia ordinaria que se aplica al resto de los ciudadanos.
El artículo 14 de la Constitución afirma que los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por ninguna condición o circunstancia personal o social. Ningún ser humano, por elevado que sea su cargo, merece un trato diferente ante la ley. Y, sin embargo, el privilegio sobrevive porque quienes podrían cuestionarlo son, precisamente, quienes se benefician de él.
Una obligación que nadie ejerce
La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé en su artículo 35.1 que, cuando un juez o tribunal considere que una norma con rango de ley aplicable al caso, y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional. Hasta la fecha, que conozcamos, ningún magistrado lo ha hecho con las normas que regulan su propio aforamiento.
A ello se suma que se han presentado denuncias que atribuyen a altos magistrados presuntos fondos en paraísos fiscales, sin que conste que ninguna institución haya actuado de oficio para esclarecerlas. No prejuzgamos su fundamento, pero sí denunciamos el silencio institucional: un poder que se niega a examinarse a sí mismo alimenta la sospecha.
Nuestra propuesta: premiar la defensa del Estado de Derecho
ACCYDED se ha dirigido a la Casa del Rey y a la Fundación Princesa de Asturias para proponer que sus premios incluyan una nueva categoría: Defensa del Estado de Derecho. La idea es sencilla: reconocer públicamente a quienes arriesgan su carrera o su tranquilidad para defender la igualdad ante la ley.
Sería también una prueba de fuego. Nos gustaría ver algún día premiado a un magistrado por haber cuestionado, por la vía del artículo 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el privilegio del que goza su propio cuerpo. Ese gesto demostraría que el privilegio puede, en efecto, entenderse como servicio.
Un privilegio que no sirve a los demás no es un honor: es una deuda pendiente con la igualdad.
Lo que reclamamos
- La supresión de los aforamientos de jueces, magistrados y fiscales, y la revisión de todos los demás.
- Que los tribunales planteen la cuestión de inconstitucionalidad cuando el privilegio choque con el artículo 14.
- La investigación de oficio y transparente de las denuncias que afecten a altos cargos judiciales.
- El reconocimiento público de quienes defienden el Estado de Derecho, también dentro de la judicatura.
Las palabras pronunciadas en Ronda marcan un listón. Corresponde a los ciudadanos exigir que se aplique a todas las instituciones, empezando por la que imparte justicia. Súmate a nuestra iniciativa y ayúdanos a convertir la igualdad ante la ley en una realidad cotidiana.