Bienvenidos a SpainLandia, un país feliz donde jueces, políticos e instituciones respetan escrupulosamente la ley y los derechos de los ciudadanos, y donde el Estado de Derecho es la envidia del mundo. Al menos, eso cuentan. Fuera de nuestras fronteras, sin embargo, los índices internacionales de corrupción dibujan un retrato muy distinto que aquí casi nadie se atreve a mirar.
Un país de postal
Somos, según el relato oficial, un país modélico: un sistema judicial, político e institucional impecable, unos valores democráticos sólidos y un respeto ejemplar por quienes piensan diferente. Todo el mundo querría copiar nuestro modelo. ¿O no?
La realidad es menos amable. En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, España obtuvo 60 puntos sobre 100 en 2022, y en la edición más reciente ha descendido a 55 puntos, en el puesto 49 de 182 países. Llama la atención el contraste entre esa percepción exterior y el escaso eco que tienen en nuestro debate público los hechos que nos colocan en esa posición. ¿Hay alguien corrupto en España? ¿No es noticia? ¿Se persigue de verdad la corrupción?
Recuperar el dinero: la gran asignatura pendiente
Una noticia de agosto de 2023 pasó prácticamente desapercibida: el cierre en la Comunitat Valenciana de la oficina creada para recuperar los activos desviados en el llamado caso Cooperación, justificado por haber «cumplido sus objetivos». Según se informó, esa oficina habría logrado recuperar los alrededor de ocho millones de euros defraudados.
El dato, que podría parecer positivo, encierra una lectura inquietante. Si para recuperar el dinero de un caso concreto de corrupción hace falta crear una oficina específica, es porque el sistema ordinario —que tiene entre sus funciones proteger los fondos públicos— no encuentra estímulo propio para hacerlo. Los grandes casos lo confirman. Según cifras publicadas en prensa:
- Caso Malaya: se habrían recuperado unos 60 millones de euros de un saqueo estimado en 500 millones.
- Caso de los ERE de Andalucía: alrededor de 23 millones recuperados frente a unos 1.200 millones defraudados.
- Ayudas a la televisión digital terrestre: fue necesario acudir a Europa para que la Comisión Europea declarara ilegales las ayudas concedidas y ordenara a España recuperarlas de las empresas beneficiarias.
Cualquier buscador ofrece muchos más ejemplos. La conclusión es la misma: en España, el dinero robado rara vez vuelve a las arcas públicas.
Un país no se mide por las leyes que aprueba contra la corrupción, sino por el dinero que consigue devolver a sus ciudadanos.
Un mapa anticorrupción a medio hacer
Más preocupante aún es el origen estructural del problema. Solo unas pocas comunidades autónomas cuentan con una oficina o agencia antifraude propia: la Comunitat Valenciana, Cataluña, Navarra, Baleares y Andalucía, entre otras iniciativas más recientes. ¿Qué ocurre con el resto de autonomías? ¿No se atreven? ¿No interesa?
La ausencia de organismos independientes con capacidad real de investigación deja la prevención y la persecución de la corrupción en manos de las mismas administraciones que deberían ser vigiladas. Y cuando el asunto llega a los tribunales, la falta de medios, la lentitud y los privilegios procesales de muchos cargos públicos hacen el resto. La corrupción no conoce fronteras entre poderes: se manifiesta en el legislativo que aprueba leyes a medida, en el ejecutivo que gestiona fondos sin control y en una justicia que no siempre persigue con la misma energía a todos.
Lo que SpainLandia necesita
- Una autoridad independiente de ámbito estatal contra el fraude y la corrupción, con competencias de investigación y recuperación de activos.
- Oficinas antifraude en todas las comunidades autónomas, dotadas de autonomía y presupuesto suficiente.
- Estadísticas públicas, periódicas y verificables sobre el dinero desviado y el efectivamente recuperado en cada caso de corrupción.
- Prioridad legal y fiscal a la recuperación de activos, para que la sentencia no sea el final del camino, sino el principio de la reparación.
Despertar del cuento
SpainLandia es un cuento cómodo, pero los ciudadanos merecen la verdad. Cada euro que no se recupera es un euro menos para sanidad, educación o pensiones. Exigir transparencia, oficinas antifraude eficaces y una justicia que persiga por igual a todos no es una utopía: es lo mínimo en un Estado de Derecho. Infórmate, denuncia y súmate a quienes no aceptamos vivir en un país de cartón piedra.