Un magistrado del Tribunal Supremo reclamaba en mayo de 2025, desde las páginas de un diario, que la justicia se liberase de las ataduras políticas. Tiene razón, pero se queda corto. La politización judicial no es la enfermedad, sino uno de sus síntomas: el verdadero mal es la sumisión de todas las instituciones a intereses que nada tienen que ver con la ley.
Un diagnóstico necesario, pero incompleto
El 12 de mayo de 2025, bajo el título «Justicia vs Política», un magistrado del Alto Tribunal reflexionaba sobre la independencia judicial y la urgencia de separar tribunales y partidos. El mensaje es importante y lo compartimos. Pero obliga a formular una pregunta incómoda: si ya existe un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, creado precisamente para blindar a los jueces frente a las injerencias políticas, ¿por qué seguimos hablando de lo mismo?
La respuesta es inquietante. Si los mecanismos diseñados para garantizar la independencia judicial no funcionan, cabe preguntarse qué ocurre con el resto de las instituciones que deberían velar por el Estado de Derecho. El problema de España no se reduce a la politización de la justicia; es más grave y más estructural: una sumisión generalizada de las instituciones a intereses ajenos a la legalidad.
La politización como síntoma
Cuando el órgano de gobierno de los jueces queda en manos de los partidos, la enfermedad ya no es solo judicial, sino de todo el sistema. El legislativo reparte los nombramientos, el ejecutivo los negocia y una parte de la judicatura acepta las reglas del juego. Así, los tres poderes que deberían vigilarse mutuamente acaban protegiéndose entre sí.
A ello contribuye un entramado legal que, lejos de fomentar la igualdad ante la ley, la erosiona:
- el sistema de aforamientos, que otorga a numerosos cargos públicos un fuero procesal privilegiado;
- la falta de transparencia en la elección de los altos cargos institucionales;
- los privilegios de determinados organismos, que escapan a los controles ordinarios.
En ese contexto no sorprende que algunas decisiones judiciales parezcan influidas por factores políticos o por intereses externos. Pero eso es solo la superficie de un problema mucho mayor.
La denuncia ante el Congreso
Nuestra asociación presentó el 11 de mayo de 2025 ante el Congreso de los Diputados una denuncia en la que reclama la derogación de las leyes orgánicas que otorgan privilegios injustificados a determinados organismos e instituciones, con especial referencia a los jueces. En ella se sostiene que esas normas son incompatibles con el marco jurídico europeo surgido del Tratado de Lisboa, en vigor desde 2009, que consagra la igualdad y la no discriminación como principios fundamentales de la Unión.
Los privilegios procesales, como el aforamiento de altos cargos, no solo chocan con esos principios: contradicen la igualdad ante la ley que proclaman el artículo 14 de la Constitución y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cuando las leyes no se aplican por igual a todos, con independencia de su estatus político o social, el sistema de justicia pierde su legitimidad y se crea el caldo de cultivo perfecto para la corrupción y el abuso de poder.
No basta con que los jueces sean independientes de la política; es necesario que nadie, tampoco ellos, esté por encima de la ley.
Reformas de fondo
Centrarse solo en la politización de la justicia es quedarse en el síntoma. Hace falta una reforma integral que ataque las causas:
- Suprimir los aforamientos y los privilegios procesales injustificados.
- Reformar la elección del órgano de gobierno de los jueces para que responda al mérito y no al reparto partidista, como viene reclamando la Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de Derecho.
- Someter a todas las instituciones a controles efectivos, transparentes y verificables.
- Revisar las leyes orgánicas que consagran desigualdades a la luz del Derecho de la Unión.
El verdadero desafío
La política y la justicia deben estar separadas, pero esa separación solo será real si todo el sistema institucional se asienta sobre los principios del Estado de Derecho, sin espacio para privilegios ni inmunidades que debiliten la confianza pública. El artículo citado y la denuncia de ACCYDED deberían servir de punto de partida para un debate serio sobre la naturaleza de la crisis que atraviesa España.
Ese es el reto: restaurar la igualdad ante la ley y lograr que las instituciones sirvan a todos los ciudadanos, no a intereses particulares o partidistas. La sumisión no es un destino inevitable. Basta con que suficientes ciudadanos decidan dejar de aceptarla.