ACCYDED - Asociación Contra la Corrupción y para la Defensa del Estado de Derecho
Los manuales de Derecho Constitucional lo explican con claridad: el Tribunal Constitucional existe para someter la política al Derecho, proteger a las minorías frente a las mayorías del momento y a la mayoría frente a las minorías poderosas. Pero ¿qué ocurre cuando el guardián de la Constitución se niega a examinar un privilegio que contradice frontalmente la igualdad de todos ante la ley?
Cleptocracia: el gobierno de los ladrones. En dos mil años de historia apenas se ha librado de ella ningún imperio. Las democracias constitucionales nacieron, precisamente, para impedirla, con elecciones libres y mecanismos de autocontrol que dan sentido al Estado de Derecho. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿cuántos rasgos de una cleptocracia reconocería hoy un observador imparcial en España?
El desarrollo de un país depende en buena medida de cómo funciona su justicia, la encargada de que se cumplan las reglas del juego que fija la Constitución. Pero, ¿qué ocurre cuando quienes deben velar por esas reglas son los primeros en saltárselas? En España, más de 240.000 personas gozan de aforamiento. Y la mayoría de esos privilegios no los creó la Constitución.
En el fútbol, una línea de pocos centímetros decide si hubo gol, y el árbitro puede equivocarse. En la justicia, la línea roja separa la legalidad del delito. Un juez también puede errar; lo inaceptable es que decenas de jueces y fiscales yerren siempre en la misma dirección, justo cuando el acusado es alguien a quien no interesa condenar.
Al entrar en una panadería, el olor anticipa algo sabroso; en una biblioteca, sabemos que aprenderemos; en un hospital, que harán lo posible por curarnos. ¿Y al cruzar la puerta de un juzgado español? La seguridad jurídica —la certeza de que los tribunales respetarán la Constitución y aplicarán la ley— debería ser esa promesa. Demasiados ciudadanos descubren que el aire resulta irrespirable.
En 1985 bastó una ley orgánica para que jueces y magistrados se blindaran con el privilegio del aforamiento. Cuatro décadas después, restituir la igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución parece misión imposible. No lo es. La solución existe, está escrita en nuestras leyes y solo exige que alguien se atreva a aplicarla sin miedo a sus compañeros.
Bienvenidos a SpainLandia, un país feliz donde jueces, políticos e instituciones respetan escrupulosamente la ley y los derechos de los ciudadanos, y donde el Estado de Derecho es la envidia del mundo. Al menos, eso cuentan. Fuera de nuestras fronteras, sin embargo, los índices internacionales de corrupción dibujan un retrato muy distinto que aquí casi nadie se atreve a mirar.
Hace más de dos mil años, Aristóteles ya advertía del peligro de un poder que no se somete a las leyes ni rinde cuentas. España, cuya Constitución proclama la igualdad de todos, mantiene sin embargo un ejército de privilegiados que no responden ante la justicia como el resto. Pedir cuentas al poder es la mejor vacuna contra su corrupción.
En el fútbol, un árbitro que favorece a un equipo incendia un estadio y abre telediarios; existe el VAR para corregirlo. En la justicia española no hay VAR: cuando un juez inclina el terreno de juego, quien debe revisarlo suele ser otro juez que puede responder que «no existe el derecho al acierto». Y el partido sigue como si nada.
Ningún ciudadano está por encima de la ley, proclama la Constitución. Sin embargo, en España algunas instituciones se han concedido a sí mismas una suerte de divinidad: un trato aparte que las blinda frente a la crítica, la investigación y el castigo. Cuando esa aura alcanza a quienes juzgan, el artículo 14 deja de ser una promesa y se convierte en un decorado.
España se presenta ante el mundo como un Estado de Derecho consolidado, pero los índices internacionales y la experiencia diaria de muchos ciudadanos cuentan otra historia: denunciantes que acaban señalados, pleitos que se eternizan, aforamientos que blindan a unos pocos y millones defraudados que nunca regresan. Medir el Estado de Derecho no es un ejercicio académico; es tomarle el pulso a nuestra democracia.
«El privilegio únicamente puede entenderse como honor y como servicio a los demás». Lo dijo el Jefe del Estado en abril de 2023, y es difícil no suscribirlo. Pero esas palabras chirrían en un país donde jueces y fiscales mantienen desde hace cuatro décadas un fuero procesal propio que contradice la igualdad ante la ley proclamada por la Constitución.
Para el ciudadano europeo que lo ha perdido todo en los tribunales de su país, Estrasburgo es la última puerta. Pero ¿qué ocurre cuando esa puerta se cierra siempre del mismo modo, con la misma fórmula y de la mano del mismo juez? Tres demandas, tres inadmisiones sin motivación y una pregunta incómoda: ¿quién garantiza la imparcialidad del garante de los derechos humanos?
Europa se endeudó en común para financiar la recuperación tras la pandemia y, al mismo tiempo, se dotó de algo que nunca había tenido: una Fiscalía propia para perseguir a quienes roban del presupuesto de todos. Miles de millones van a circular por administraciones nacionales. La pregunta ya no es si habrá fraude, sino si alguien se atreverá a denunciarlo y quién lo investigará.
En España, ser diputado, senador, ministro, juez o alto cargo autonómico permite algo que ningún ciudadano de a pie puede elegir: el tribunal que lo juzgará. El aforamiento, presentado como garantía de la función pública, se ha convertido en un privilegio procesal sin parangón en Europa. ACCYDED lleva años combatiéndolo porque la igualdad ante la ley no admite excepciones de rango.
Basta hojear la prensa española para concluir que la corrupción es un fenómeno extranjero: magistrados supremos bajo sospecha en otros países, expresidentes condenados al otro lado de los Pirineos. ¿Acaso aquí no hay altos jueces ni expresidentes bajo sospecha? La diferencia no está en la honradez de nuestros dirigentes, sino en la incapacidad de nuestro sistema para investigarlos y contarlo.