ACCYDED - Asociación Contra la Corrupción y para la Defensa del Estado de Derecho
Leo atónito, en la primera plana del periódico de mayor tirada del país, la denuncia de que en China se ha encarcelado a una persona durante 400 días por sus ideas. Y me pregunto cuándo leeré en esas mismas páginas que el Reino de España mantiene privado de libertad, desde hace 1.193 días, a un juez que denunció la corrupción judicial.
Durante años se ha elevado a los jueces a una posición casi divina: deciden qué es justo y qué no lo es, en ocasiones incluso contra la letra de la ley. Pero cuando los guardianes de la norma se apartan de ella, el ciudadano queda desorientado y la confianza se derrumba. Asistimos, quizá, al ocaso de los dioses togados.
La imagen de un país es el reflejo de su justicia. Cuando el poder encargado de hacer cumplir la ley se repliega sobre sí mismo, protege a los suyos y castiga a quien denuncia, la justicia deja de ser un valor universal y se convierte en el privilegio de unos pocos. Ese es el espejo en el que España debería atreverse a mirarse.
Cuando viajamos, lo primero que nos preguntamos es si podremos pasear tranquilos por la calle. España suele superar esa prueba. Pero existe otra inseguridad, más silenciosa e igual de peligrosa, que no se patrulla con uniformes: la que siente el ciudadano al cruzar la puerta de un juzgado y descubrir que la ley no siempre le protege.
Un magistrado del Tribunal Supremo reclamaba en mayo de 2025, desde las páginas de un diario, que la justicia se liberase de las ataduras políticas. Tiene razón, pero se queda corto. La politización judicial no es la enfermedad, sino uno de sus síntomas: el verdadero mal es la sumisión de todas las instituciones a intereses que nada tienen que ver con la ley.
Un inspector de policía especializado en narcotráfico vive bajo vigilancia constante, incluso en su vida privada, por el riesgo de corrupción. Un juez que decide sobre asuntos millonarios no soporta un control comparable sobre su patrimonio. ¿Cómo encaja esa asimetría con la igualdad ante la ley que proclaman la Constitución y los tratados que España está obligada a aplicar con prevalencia?
Cumplir la ley no es una opción. Sin embargo, buena parte de nuestras instituciones actúa como si sus deberes fueran meras facultades que pueden ejercer o ignorar a conveniencia. Reclamaciones de transparencia que nadie ejecuta, autoridades que tardan años en nacer, resoluciones sin motivar: cuando el servicio público exige rigor, el ciudadano recibe laxitud. ¿Ignorancia jurídica o estrategia de impunidad?
Desconfianza, desapego, indiferencia. Así se relaciona hoy buena parte de la ciudadanía con quienes deberían servirla. No es capricho ni apatía: es la respuesta lógica a años de opacidad, clientelismo, burocracia estéril y una justicia percibida como instrumento de parte. ¿Queda algún poder público plenamente honesto y sometido a la ley? Desde la experiencia ciudadana, la respuesta resulta inquietante.
Los griegos la llamaron isonomía: igualdad ante la ley. Nuestra Constitución la proclama en su artículo 14, pero la realidad la desmiente cada día. Aforamientos masivos, resoluciones contrarias a Derecho que nadie corrige y una judicatura que se juzga a sí misma han levantado una casta intocable. Si el ciudadano está sometido a la ley, ¿por qué no lo están quienes la aplican?
Las dictaduras y las monarquías absolutas concentran el poder en una persona o en una élite reducida; nadie lo discute. Lo inquietante es que muchas democracias formales reproducen esa misma lógica bajo apariencia plural: cúpulas que deciden, subordinados que obedecen y contrapesos domesticados. Concentración de poder, corrupción y ausencia de rendición de cuentas. ¿Es España una democracia horizontal o una jerarquía disfrazada?
Cuarenta años después de entrar en Europa, España sigue siendo un socio que promete mucho y cumple a medias. Multas millonarias del Tribunal de Justicia, directivas transpuestas tarde, fondos mal gestionados y laudos impagados dibujan un patrón inquietante. El acervo no es un menú: es un compromiso. ¿Qué les pasa a nuestros poderes con la ley europea y con el dinero?
Cuatro décadas después de que una ley orgánica multiplicara los aforamientos, la verdad empieza a abrirse paso. Cuando el poder vulnera las reglas del Estado de Derecho para silenciar a quienes denuncian la corrupción, la historia enseña que se acerca un punto de inflexión. La impunidad tiene fecha de nacimiento, y cada vez más ciudadanos saben cuál es.
La Constitución ordena interpretar los derechos fundamentales siempre en favor de la persona. España ha firmado los grandes tratados de derechos humanos y se somete a tribunales internacionales. Entonces, ¿por qué un ciudadano tiene que acudir a Luxemburgo para reclamar algo tan elemental como la igualdad ante la ley? La respuesta retrata el abismo entre lo escrito y lo cumplido.
Nos enseñaron que nuestras constituciones históricas eran «programáticas», meras declaraciones de buenas intenciones, y que la de 1978, en cambio, es «normativa»: obliga de verdad a todos los poderes públicos. ¿Seguro? Cuando la igualdad ante la ley admite excepciones para miles de cargos, conviene preguntarse si hemos cambiado de modelo o solo de envoltorio. Esta es la pregunta incómoda que planteamos.
Nuestros medios denuncian con facilidad la «no justicia» de otros países: tribunales que legitiman abusos y persiguen a quien disiente. Rara vez miran hacia dentro. Sin embargo, el poder engaña al pueblo con las mismas artimañas en todas partes, y el miedo a discrepar de quien manda es igual de palpable aquí. La pregunta es inevitable: ¿qué te puede pasar si disientes?
Las instituciones europeas y nacionales temen la llegada de la inteligencia artificial al ciudadano. Quisimos comprobar por qué y le planteamos a esta «herramienta maldita» una pregunta sencilla: ¿cómo se llama el incumplimiento, durante más de cuarenta años, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley? Su respuesta, sin eufemismos, debería avergonzar a quienes lo han consentido, motivado o promovido.